Jorge Ramirez - Ideeleradio
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Un acuerdo progresivo

Ideeleradio.- El acuerdo de colaboración eficaz entre Odebrecht está blindado por la decisión que tomó el Poder Judicial de homologar ese trámite entre la constructora brasileña y el Ministerio Público, afirmó Jorge Ramírez, titular de la Procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato.

“Este acuerdo [con Odebrecht] se lo han querido tumbar, hay poderes fácticos que nos les interesa que haya salido a la luz pública, pero no pueden hacer nada contra el acuerdo, porque es cosa juzgada y está blindado por la decisión del Poder Judicial a través de una resolución. Es beneficioso, porque se está asegurando la información, las pruebas. Es un acuerdo progresivo, no es estático”, expresó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“[…] La constructora matriz en el caso de que la sucursal [de Odebrecht] aquí en Perú no pague [la reparación], la va a pagar la constructora en Brasil [Norberto Odebrecht], que no es la que está sometida a un proceso concursal y esa tiene operatividad”, anotó.

Pruebas y condenas

El abogado del Estado consideró que si es que no se hubiera homologado el  acuerdo con la constructora brasilera, se habrían caído la mayoría de procesos penales o las pruebas para futuras condenas.

“[¿Qué hubiera pasado sin un acuerdo?]  Pues, básicamente no tendríamos información, las pruebas, y habría una mayor impunidad en el país. Finalmente, lo que está aportando la empresa son precisamente las pruebas que van a servir de futuras condenas dentro del marco de un debido proceso a las personas que han cometido estos graves delitos de gran corrupción”, refirió.

“Se hubieran caído la mayoría de los procesos penales del caso Lava Jato, porque en lo que a Odebrecht se refiere, estos procesos se basan en información que ha dado la empresa básicamente”, anotó.

El procurador precisó que un juez se basa en pruebas para acusar y que lo cometido por Odebrecht se enmarca en lo que es un delito de poder.

“Para el sistema de justicia lo que le interesa es la verdad legal, no la de los medios periodísticos, sino un juez se basa en las pruebas. […] Son delitos de poder, no cualquier ciudadano o funcionario público puede cometerlos, sino aquel que ejerce un poder económico o político”, apuntó.

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