Pedro Grández - Ideeleradio
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Debería evaluarse

Ideeleradio.- El presidente de la República, Martín Vizcarra, debería utilizar su iniciativa legislativa para pedir al Congreso de la República que amplíe el mandato de los actuales miembros del Tribunal Constitucional (TC), planteó el constitucionalista Pedro Grández, tras considerar que no es adecuado que el actual Parlamento elija a los nuevos magistrados.

“[¿No debería el próximo Congreso elegir al nuevo TC?] Claro, el tema es que estamos moviéndonos en lo que debería ocurrir. Me parece a mí que lo que debió ocurrir también es que se hagan los cambios y las previsiones para que esto no ocurra”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Hoy estamos en una situación en donde hay mandatos vencidos. No es, sin embargo, una situación especialmente excepcional. Ha habido [TC con periodos ampliados] y a mí me parece que incluso el presidente de la República puede utilizar su iniciativa legislativa para pedir de nuevo al Parlamento la ampliación del mandato en estas condiciones”, acotó.

El jurista consideró que lo que falta es un espacio de diálogo político para resolver situaciones como esta. Indicó que le preocupa que en ese contexto el Acuerdo Nacional no este activo.

“Este es el escenario ideal para que el Acuerdo Nacional sea esa plataforma que nos conduzca hacia soluciones razonables, porque estamos en un contexto en que cada fin de semana cada poder del Estado mueve sus fichas”, aseveró.

Marco institucionaliza la repartija

Mencionó que la designación de magistrados del TC es abierta de acuerdo a los requisitos constitucionales, pero lamentó que las modificaciones y circunstancias permitan hoy que sean los voceros de los partidos los que deciden a qué persona invitar, en base a un acuerdo político y, hoy, en un contexto de baja legitimidad del Parlamento.

Grández Castro señaló, en ese sentido, que lo que existe actualmente es un sistema que ha ido, poco a poco, deslegitimándose en la propia legislación. Subrayó que hay un marco legal, que no es constitucional, respecto al proceso de elección. Indicó que el actual marco normativo legisla la repartija y la institucionaliza.

“Habría que discutir la constitucionalidad de ese marco legal. […] Tenemos un marco legal para cubrir las plazas del TC que precisamente lo que ha legislado es la repartija. Claro que popularmente suena mal esto, pero lo que tenemos es en el marco legal que los portavoces se ponen de acuerdo para cubrir esas plazas en el TC, antes fue en el Banco Central de Reserva y también en la Defensoría del Pueblo, pero ese marco legal permite la repartija, institucionaliza la repartija”, precisó

Cuestionó que este y el anterior Parlamento no hayan hecho cambios significativos a la elección de magistrados del TC que hoy se hace en base a los portavoces de los partidos con representación en el Legislativo.

“Lo que pasa es que nos escandalizamos cuando la repartija entrega esos cargos tan importantes a personajes muy cuestionados socialmente, pero lo que hay siempre es la repartija. Yo creo que la repartija está legalizada en ese esquema que tenemos actualmente. A mí me parece que esa es de nuevo una de las cuestiones que este y el anterior Parlamento no movieron”, subrayó.

Constitución de 1979

Finalmente, indicó que deberíamos regresar a la forma de elección de magistrados del TC prevista en la Constitución de 1979.  Advirtió que la elección de los integrantes del máximo intérprete de la Carta Magna es una de las elecciones más importantes para la democracia y la institucionalidad del país.

“Me parece que el régimen de la Constitución de 1979 era mucho más razonable, comprometía a los tres poderes del Estado, incluso, era más amplio, eran nueve magistrados, ahora incluso se podría discutir la forma material no formal de la elección de seis de siete magistrados, lo cual pone en un escenario más complejo este proceso”, opinó.

“Me parece que esta es una de las decisiones más importantes de una democracia, es decir, la elección de una magistratura constitucional. En cualquier contexto donde rige una Constitución democrática, esa aspiración de la representación de la nacional y de los actores de la sociedad civil es que estos procesos sean abiertos, públicos, transparentes y obviamente en los contextos de la más amplia legitimidad posible”, acotó.

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