Walter Gutiérrez (Foto: Congreso)
Walter Gutiérrez (Foto: Congreso)

 

Actúa como abogado

Ideeleradio.- El informe que el titular de la Defensoría del Pueblo, Walter Gutiérrez, remitió al Tribunal Constitucional, va en pared con la demanda competencial que presentó el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, sostuvo el constitucionalista Pedro Grández, al considerar que la intervención del defensor es “claramente política”

Fue al comentar el hecho de que Gutiérrez Camacho haya recomendado en un informe al Tribunal Constitucional (TC) “admitir a trámite” la demanda competencial que el titular de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, interpuso sobre la disolución del Congreso.

“Creo que el informe [de la Defensoría] va en pared con la demanda, y es más, yo sospecharía que ha sido casi concertada la demanda [que presentó Olaechea] y el informe. Hay demasiadas coincidencias, incluso en el esquema: los dos puntos que aparecen al comienzo en la demanda como pretensiones de la demanda son también los dos puntos que el informe desarrolla”, aseveró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Entonces, creo que es una intervención claramente política, porque además descontextualiza las cuestiones que se han planteado y olvida todo lo que hemos visto los peruanos en los últimos tres años, la obstaculización y no solo eso, sino el uso peligrosamente cercano a organizaciones criminales del poder político del Parlamento. Eso es por lo menos para llamar la atención de un órgano como la Defensoría del Pueblo”, anotó.

La estrategia de un abogado

El constitucionalista dijo, en ese sentido, que la actuación del defensor del Pueblo pone en riesgo la legitimidad de esa institución. Apuntó que este contexto se puede ver más como una estrategia de un abogado que pide un informe a un experto para que lo ayude en su pretensión.

“Llama mucho la atención [el informe de la Defensoría]. Yo creo que el defensor, o no ha tenido ocasión de revisar bien el documento para suscribirlo o han actuado claramente, apresurando, y poniendo en riesgo la legitimidad de una institución tan importante como la Defensoría del Pueblo. En el documento claramente lo que se tiene, por los tiempos, es el interés de coadyuvar a la posición del Congreso disuelto”, declaró.

“[¿Cree que hay sintonía con la demanda de Olaechea?] Yo lo veo como una estrategia de un abogado que pide un informe a algún experto para que ayude en su pretensión. [¿La Defensoría está haciendo de abogado de una de las partes que está en contienda?] Lamentablemente esto ocurre. Ocurre incluso analizando en tiempos”, explicó.

Rendición de cuentas

Destacó, por otro lado, el pronunciamiento del  Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo, donde observa que el informe presentado ante el Tribunal Constitucional adolece de una serie de deficiencias formales.

“Estoy muy gratamente emocionado con lo que viene haciendo el sindicato y no es la primera vez que interviene públicamente, lo que supone la defensa de una institución cuando esta empieza a desviar sus objetivos. El sindicato ha sido muy inteligente en la forma cómo ha intervenido públicamente”, indicó.

“El Congreso que se va a instalar entre enero y febrero tiene varias tareas, y entre ellas será muy importante pedirle cuentas a los funcionarios de entidades autónomas, que tienen competencias definidas en la Constitución, en este caso la Defensoría, y llamar también al sindicato sin duda, y al defensor a rendir cuentas. Estos órganos no están ahí para cumplir o satisfacer a quienes los han designado y el Congreso debe pedir explicación”, anotó.

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