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Ideeleradio.- En los casos de agresiones contra la mujer, hay una indolencia desde la Fiscalía, el Poder Judicial y la Policía Nacional del Perú (PNP), sostuvo Marianella Ledesma, presidenta del Tribunal Constitucional (TC), al considerar que debe haber una especie de autocrítica en el sistema de justicia.

Fue al ser consultada por la denuncia de la esposa de Daniel Mora, excongresista y excandidato del Partido Morado, quien cuestionó la actuación de los operadores del Estado en el trámite de su denuncia.

“En el tema de la señora maltratada, también tenemos que reflexionar y mirar de manera autocrítica que no solo es maltratada por su agresor directamente, sino que hay un maltrato por el propio sistema judicial, y esos casos ya lo hemos visibilizado desde el TC”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Hay una indolencia desde la Fiscalía, desde el Poder Judicial, y ni qué decir de la Policía. Entonces, todo el sistema judicial y diríamos hasta el sistema de justicia del Estado deberían también hacer una especie de autocrítica para ver en qué punto estamos fallando en la mirada que deberíamos tener hacia la tutela o protección de las mujeres, que no consiste solamente en pretender sancionar a las personas, sino también protegerlas, aseveró.

Ledesma Narváez subrayó, en ese sentido, la necesidad de que el Estado proteja, en general, a las mujeres víctimas que han denunciado a sus agresores.

“La pobre víctima tiene que regresar posiblemente a la vida de convivencia de su agresor poniendo en mayor riesgo a la persona por haberse atrevido a denunciar, cuando deberíamos implementar casas de refugio o darle otra opción de vida a estas personas que se sienten ya bastante afectadas. Sin embargo, estos temas son poco trabajados, lamentablemente desde la vida del sistema judicial”, indicó.

Cargos de elección popular

En otro momento, la magistrada dijo, en líneas generales, que habría que hacer también una reflexión en relación a quien es actor o protagonista de una agresión contra la mujer, sobre todo en los casos de alguien que espera ejercer una especie de liderazgo social, a través de una elección popular.

“Hay una especie de liderazgo social que está presente ahí […] La conducta que tiene [un agresor] entraría en un conflicto de interés cuando tenga que definir, por ejemplo, una ley de violencia familiar en el Congreso o temas vinculados a modificatorias en el Código Penal o vinculados con hacer las penas más fuertes o temas de feminicidio”, indicó.

“¿No habría ahí un conflicto de intereses con quien asume una práctica de su vida, más bien el golpear o maltratar a las mujeres cuando tenga que dar un voto en una legislación que sea orientada más bien en una manera contraria a esta conducta a esa práctica que tiene? Esa es la reflexión que deberíamos tener en cuenta cuando vamos a designar a grandes líderes que rijan la vida de nuestro país”, aseveró.

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