Juan Carlos Ruiz - Ideeleradio
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Servidumbre minera

Ideeleradio.- El Estado no ha cumplido con sus obligaciones en el caso del proyecto minero Las Bambas, y en vez de promover el diálogo, lo que está haciendo es responder penal y represivamente, sostuvo Juan Carlos Ruiz Molleda, coordinador del Área de Pueblos Indígenas y Litigio Constitucional del IDL.

“Vizcarra ha salido a decir que se tiene que restablecer el estado de derecho. La pregunta es: ¿quién está violando el estado de derecho? No se hizo consulta previa del permiso de exploración y explotación del proyecto las Bambas, no se hizo consulta previa de la creación de la carretera nacional”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

El letrado apuntó, asimismo, que no se ha consultado la modificación del estudio de impacto ambiental (eliminación del viaducto y el cambio del mineroducto por carretera) ni la calificación de la carretera de la comunidad como vía nacional.

“[…] No se ha compensado a las comunidades afectadas por [la contaminación ambiental que genera] el paso de los camiones, no se ha cumplido con la norma que establece la servidumbre, [el artículo 7 de la Ley 26505 y su modificatoria]. La pregunta es: ¿quién viola el estado de derecho? Lo que ellos están reclamando es la servidumbre minera, por el que la minera tiene que pagar un derecho de paso cuando atraviesa una comunidad, como una suerte de compensación por usar el territorio de la comunidad”, apuntó.

Políticas inclusivas

Ruiz Molleda cuestionó, en ese sentido, que el Estado responda penalmente, en vez de adaptar políticas públicas inclusivas. Sostuvo que estamos ante un Estado que toma decisiones de corto plazo y efectista, que no mira las graves consecuencias que eso puede generar.

“Este es un tema en donde el Estado en vez de responder políticamente, generando políticas públicas inclusivas y promoviendo el diálogo, responde penal y represivamente. El derecho penal no está hecho para sancionar la disidencia política”, indicó.

Dijo, además, que se tiene que investigar si los dirigentes y abogados detenidos recientemente incurrieron o no en la comisión de algún delito.

“Yo puedo tener discrepancias con esos abogados, cuestionamientos éticos y deontológicos a las prácticas legales, pero de la información que hay, hasta ahora, yo no veo delitos. La función de un abogado es asesorar y brindar la información sobre las opciones legales. Creo que hay que investigar, pero de la información que se tiene, asesorar a un patrocinado no es delito en sí mismo. Si el Estado hubiera cumplido con sus obligaciones, esto no hubiera ocurrido”, subrayó.

No es delito de extorsión

Precisó, en otro momento, que el Código Penal, modificado durante el gobierno aprista, no diferencia entre lo que son medidas de fuerza legítimas de lo que son actos de violencia, vandalismo y saqueo, que sí tienen que ser sancionados.

“Se les acusa de crimen organizado y extorsión [a los dirigentes]. No puede ser sancionado [por extorsión] alguien que actúa en el cumplimiento de la norma o en el ejercicio del derecho. El artículo 200 del Código Penal exige en el caso de la extorsión usar fuerza o amenaza para obtener una ventaja económica indebida, y aquí hay una obligación legal incumplida por parte del Estado que es exigida por los campesinos”, indicó.

Finalmente, cuestionó que el gobierno del expresidente Alan García haya introducido unas “modificaciones peligrosas” al Código Penal en la tipificación del delito de extorsión.

“Lo que dice ahora el Código es que tomar una carretera pública o un local público es delito de extorsión. Con la lógica de esa ley, si se hace una huelga, también se comete delito de extorsión, ese es un absurdo”, acotó.

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