Fabiola Franceza - Ideeleradio
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El indulto no es la respuesta ideal

Ideeleradio.- Debe evaluarse la posibilidad de modificar el Decreto Legislativo 1194, conocido como ley de flagrancia, a efectos de que las sanciones que se impongan sean justas, proporcionales y en plazos que no impliquen una vulneración del derecho de defensa, sostuvo Fabiola Franceza, coordinadora del Área Justicia Previa al Juicio del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Fue al comentar el caso de Silvana Buscaglia, quien fue condenada a 6 años y 8 meses de prisión efectiva por agredir a un policía, y fue recientemente indultada por Ollanta Humala.

“El indulto si bien ha servido a Buscaglia, no es la respuesta ideal que estamos buscando como ciudadanos, como justicia. Esta es una decisión que compete al presidente de la República, pero más que concentrarnos en los temas del indulto, habría que entrar a evaluar la norma”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“[Habría que entrar a evaluar] las modificaciones que se han hecho al proceso inmediato, y la proporcionalidad que estamos guardando o no en el Código Penal, y ver qué cambios podemos plantear para que las medidas sean más justas, más proporcionales y no llegar a solucionar estos problemas a través del indulto”, sostuvo.

Indicó que si bien la finalidad del cambio en la ley de flagrancia es positiva, se debe tomar en cuenta que en algunos casos se están vulnerando principios como el derecho de defensa, y no se está informando debidamente al imputado sobre la implicancia de acogerse a una terminación anticipada.

“No hay que perder de vista que hay aspectos no tan positivos de esta modificación que se ha hecho al proceso inmediato que deberían ser revisados y mejorados, como que se hayan comprimido tanto los plazos y ver si en la práctica están funcionando”, indicó.

Casos de asistencia familiar

Finalmente, indicó que las autoridades no están proporcionando información completa sobre los procesos inmediatos. Informó que hay cerca de 15 mil procesos por omisión a la asistencia familiar, que tiene penas de hasta tres años de cárcel.

“La mayoría de casos no son tantos casos de flagrancia, de robos o hurto, sino de incumplimiento de las obligaciones alimentarias. El 50% de los más de 30 mil procesos inmediatos que llevamos a la fecha son de omisión a la asistencia familiar, y este es un punto interesante a analizar”, refirió.

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