Mirtha Vásquez - Ideeleradio
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Mecanismo institucional

Ideeleradio.- El Estado debe abrir los mecanismos de diálogo y dejar de criminalizar la protesta, planteó Mirtha Vásquez, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), tras considerar que no hubo consulta previa respecto a las modificaciones al estudio de impacto ambiental del proyecto minero Las bambas.

“Se tiene que dejar de criminalizar la protesta. No se puede criminalizar el ejercicio de la defensa, no se puede hacer detenciones contra los líderes, porque básicamente ellos están ejerciendo un derecho de protesta. Así que en este momento urge que liberen a esas personas para que la situación vuelva a la calma”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Lo otro es que se abra un mecanismo de diálogo, un mecanismo institucional, abrir un espacio donde se sienten las autoridades, el Estado, y responda a todas las demandas en general de la población. Hay que solucionar el problema en su conjunto. Hay [funcionarios] deslegitimados, porque hay algunos que han estado trabajado en el sector público y ahora están en la empresa, esa política de la puerta giratoria”, apuntó.

Demandas acumuladas

La letrada expresó su preocupación por la reacción del Estado frente a la comunidad y toda la zona del sur andino que está en conflicto desde el 2015, por lo que insistió en la importancia del diálogo. Sostuvo que hay una serie de demandas acumuladas que se ha venido tratando de canalizar a través de mecanismos institucionales, que el propio Estado los ha ido desechando.

“Los únicos responsables de que la minería cada vez sea una actividad peor vista por la población es el propio Estado ya las propias empresas. Si el Estado está en la apuesta de que estos proyectos vayan, lo mejor que puede hacer es junto con las empresas, es tener a estos mecanismos de dialogo porque las poblaciones tienen una legítima demanda y no se le puede calificar por eso de criminales”, señaló.

La abogada de Aprodeh comentó que si el Estado insiste en la práctica de utilizar la fuerza y la violencia va a terminar agudizando más la situación en Apurímac.

“Acuérdense que ya anunciaron otros pueblos que se van a unir a la protesta de Fuerabamba. El sur andino nunca se ha opuesto a la actividad minera, y esto puede generar un motivo para que la población rechace no solo a esa empresa si no a todos los proyectos mineros que están en esa zona”, indicó.

Impacto ambiental

Recordó que cualquier modificación que impacte sobre los territorios de las comunidades, según el Convenio 169, tiene que ser consultado. Apuntó que el caso de Las Bambas hay modificaciones sustanciales.

“Son acciones de fuerza, es verdad, pero que no implican acciones delictivas, sino que son acciones para llamar la atención del Estado. Acá hay una demanda legítima, porque la población lo que está denunciando es que ha habido una serie de modificaciones al estudio de impacto ambiental de Las Bambas inconsulta, de manera arbitraria, y que además violan una serie de derechos, porque estas son comunidades indígenas”, declaró.

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