Máxima Acuña - Ideeleradio - Foto: Goldman Prize
Máxima Acuña - Ideeleradio - Foto: Goldman Prize

Ideeleradio.- La alianza entre policías y empresas mineras afecta, sobre todo, a las comunidades rurales y poblaciones indígenas, y es cuestionable que Máxima Acuña siga recibiendo agresiones y se siga removiendo sus cultivos, sostuvo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.

Fue al referirse al hecho que se haya registrado una nueva incursión del personal de seguridad de la empresa minera Yanacocha para destruir cultivos que mantenía la familia Chaupe Acuña, para su propia subsistencia, ocurrido el viernes 17 de febrero de 2017.

“Vemos que esto [la alianza entre policías y empresas privadas] afecta sobre todo a las comunidades rurales y poblaciones indígenas, que son especialmente vulnerables”, señaló en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Por ejemplo, volviendo al tema de defensores, el caso de Máxima Acuña, que sigue recibiendo agresiones, se sigue removiendo los cultivos que realiza. Entonces, vemos que en el momento en que hay una oposición hacia un proyecto, la población que se resiste recibe diferentes tipos de agresiones”, refirió.

Informó, en otro momento, que aún no pueden retornar a su territorio las 21 familias asháninkas de la comunidad de Meantari, distrito de Pangoa, provincia de Satipo, región, quienes fueron desplazadas de sus territorios por cerca de 60 personas con armas de fuego, el pasado  3 de febrero.

“Hace poco sacamos una acción urgente por la comunidad asháninka de Meantari porque el 3 de febrero fueron desplazados por individuos armados no identificados, y han sido 22 familias, toda la comunidad ha sido desplazada. Han presentado las denuncias y hasta ahora siguen sin poder retornar a su territorio, supuestamente por madereros ilegales. Todavía no ha finalizado las investigaciones”, mencionó.

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