Amado Enco - Pedro Chávarry - Foto: Congreso
Amado Enco - Pedro Chávarry - Foto: Congreso

 

Contra todos los involucrados

Ideeleradio.- En opinión de la defensa del Estado, el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, su exasesora y los que participaron en el allanamiento ilegal de una oficina lacrada deberían estar detenidos, sostuvo el procurador anticorrupción Amado Enco Tirado, tras considerar que le sorprendió que ningún fiscal de turno haya actuado oportunamente cuando hubo un caso de flagrancia.

“[¿Pedro Chávarry debería estar en prisión preventiva dado el elemento de obstaculización de la justicia?] En opinión nuestra, técnicamente hablando, lo que debió proceder en ese momento era una detención por delito flagrante contra Pedro Chávarry, su exasesora y los agentes de seguridad que participaron en el allanamiento”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“A nosotros, como Procuraduría, nos sorprendió que ningún fiscal de turno pueda intervenir y tomar una medida, porque la ley no prohíbe detener a alguien en flagrancia por más aforado que pueda ser, y proceder inmediatamente con el requerimiento ante el Congreso de la República”, explicó.

En ese sentido, el abogado del Estado indicó que a su juicio todos los involucrados en este caso deberían estar con detención preventiva.

“[¿Pedro Chávarry debería estar detenido ahorita?] A juicio de la Procuraduría Anticorrupción sí, él, la asesora y todos los que participaron en la incursión ilegal, ilícita de las oficinas que estaban bajo disposición de lacrado de un representante del Ministerio Público”, detalló.

Como se recuerda, la asesora Rosa María Venegas dijo ante el fiscal Reynaldo Abia que fue Pedro Chávarry quien le ordenó ingresar a espacios lacrados por el fiscal José Domingo Pérez, en el marco de la investigación al partido Fuerza 2011.

Hasta 10 años

En otro momento, Enco Tirado indicó que si las investigaciones llegan a buen puerto, y el Ministerio Público formula una acusación, el exfiscal de la Nación podría recibir una pena de hasta 10 años de pena privativa de libertad.

Argumentó que la defensa del Estado presume que se habrían cometido los supuestos delitos de corrupción de funcionarios y contra la administración de justicia, en la modalidad de encubrimiento real, tras el ingreso ilegal a la oficina lacrada de un asesor del Ministerio Público.

“[¿Qué delitos se podría haber incurrido allí?] Se presume que pudo haber habido delitos de cohecho y, si las investigaciones llegan a buen puerto y se termina formulando una acusación, las penas tendrían que sumarse, y siendo así, en realidad la pena probable que pudiera aplicarse ahí no es menos de ocho años en sumatoria, por lo que podría alcanzar fácilmente los diez años de pena privativa de la libertad”, aseveró.

“Se sospecha que aquí habría delitos de corrupción de funcionarios, en el sentido que siendo ellos funcionarios públicos, nos referimos al mismo fiscal supremo Pedro Chávarry, a la exasesora, el propio Juan Manuel Duarte, que tuvieron un rol protagónico, están los mismos policías que no dejan de ser servidores públicos incumpliendo sus funciones, violando la ley y transgrediendo una disposición fiscal con el único propósito de favorecer a quienes estaban interesados en que esas pruebas desaparezcan de la escena”, acotó.

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