Víctor Prado Saldarriaga - Ideeleradio
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Nadie está exento

Ideeleradio.- Los partidos políticos no están exentos de ser penetrados y convertirse en instrumentos de la criminalidad organizada, aseveró Víctor Prado Saldarriaga, presidente del Poder Judicial.

“[¿Se le puede acusar a los partidos políticos de organizaciones criminales?] Obviamente un partido político está regulado constitucionalmente, un partido político tiene una normatividad y una función que desempeñar en el desarrollo de las democracias, pero eso no lo hace inocuo, aséptico, tampoco lo coloca en una situación de imposibilidad de ser penetrado y usado en determinados contextos por organizaciones criminales”, argumentó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Es importante marcar las diferencias, pero es importante tener la advertencia, que nadie en ese plano está exento de ser penetrado, de ser instrumentalizado por voluntades que pueden salir del ámbito político y colocarse al otro lado”, agregó.

Pueden verse infiltrados

El titular del Poder Judicial refirió, en ese sentido, que cualquier persona jurídica puede llegar a convertirse en un instrumento para la criminalidad organizada.

“El lavado de activos es un delito típicamente de personas jurídicas y la experiencia nos muestra que esa posibilidad de influenciar organizaciones que pueden ser organizaciones políticas. […]. Recordemos al narcotraficante Pablo Escobar, que logró colocarse dentro del espacio de las listas liberales para las listas colombianas. Eso no es un factor de identidad”, expresó.

“La experiencia internacional muestra que la criminalidad organizada es una criminalidad de personas jurídicas fundamentalmente y cualquier persona jurídica tenga la estructura que tenga, los fines que tenga, puede ser infiltrada y convertirse en una cobertura o un instrumento para la realización de la criminalización organizada”, señaló.

Cabe indicar que el Partido Aprista presentó un proyecto de ley para que los partidos políticos no puedan ser considerados “organizaciones criminales” en su país, en un contexto en que la Fiscalía investiga a Fuerza Popular y a su líder, Keiko Fujimori.

Un delito autónomo

Por otra parte y en líneas generales, Prado Saldarriaga indicó que la lectura de la sentencia plenaria del 2017 de la Corte Suprema marca las coordenadas de la autonomía plena, en el sentido de que el lavado de activos es un delito autónomo y para su investigación no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, hayan sido descubiertas o se encuentren sometidas a una pesquisa o proceso.

“Es más, nuestra legislación así lo tiene, y los nuevos sistemas jurídicos que se vienen dando vuelven a repetir la legislación peruana, y marcan la autonomía plena. Se ha fijado estándares de prueba, es decir, la prueba en los delitos de lavado de activos está ligada al lavado de activos. Lo que tenemos que probar es la operación de lavado de activos”, declaró.

“El hecho de que los activos pudiesen estar vinculados con actos ilícitos determinados eso es factible de discutir quizás en una primera etapa de colocación o de conversión, pero luego de eso que hay transformaciones el lavado de activos adquiere una autonomía total, por ende, la jurisprudencia señala que lo que hay que mirar son los indicios, es el contexto”, mencionó.

Finalmente, el magistrado dijo que es importante el Decreto Legislativo 1373 que regula el proceso de extinción de dominio.

“[Es importante] el debate y la difusión del Decreto Legislativo 1373 que trata del procedimiento especial de extinción de dominio. Es un procedimiento que puede permitir, independiente de un proceso penal, por la vía de un proceso civil de discusión de legitimidad de bienes de propiedades, la pérdida de los mismos a favor del Estado”, aseveró.

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