Pedro Grández - Tribunal Constitucional (Foto-TC)
Pedro Grández - Tribunal Constitucional (Foto-TC)

 

Un poco de pedagogía

Ideeleradio.- Será importante que el Tribunal Constitucional nos dé un poco de pedagogía sobre lo que está constitucionalmente prohibido por parte del Congreso de la República afirmó el jurista Pedro Grández, al referirse a la demanda presentada por el Poder Ejecutivo contra la ley que prohíbe el cobro de peajes.

“Esta ley [sobre los peajes] es muy mala, inclusive en términos de redacción pésima, pero creo que está dentro del margen de discrecionalidad, y de acción de la política parlamentaria en un contexto específico, y será bien interesante que el tribunal nos dé un poco de pedagogía sobre esto, sobre lo que está constitucionalmente prohibido al Parlamento y lo que está discrecionalmente autorizado desde la Constitución”, argumentó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“El Tribunal no tiene competencias para corregir la actuación del Parlamento, cuando el Parlamento da leyes absurdas —porque el Parlamento tiene un espacio de discreción para hacer tonterías—, pero esas tonterías podrían no ser necesariamente inconstitucionales y eso creo que es el caso”, anotó.

El constitucionalista refirió que una interpretación adecuada de la Constitución no impide que el Parlamento pueda actuar en espacios cuando hay necesidad de políticas públicas.

“Creo que una interpretación adecuada de la Constitución no impide que el Parlamento actúe en espacios de necesidad, de políticas públicas y de protección de interés en general, y este es el caso”, apuntó.

TC como activador de políticas públicas

El jurista comentó, en otro momento, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en relación al deshacinamiento de los penales. Sostuvo que el máximo intérprete de la Carta Magna se ha convertido en un activador de política públicas.

“La discusión es que, si tenemos derechos humanos, entonces tenemos derecho a políticas públicas y lo que ha hecho el tribunal es que dispara una orden y se plantea como un activador de políticas públicas y me parece que esa función no es menor y lo que está exponiendo en la agenda pública es algo que es urgente trabajar en el marco de una política pública”, puntualizó.

“Hay una serie de actores que se activa [por este pronunciamiento], digamos directores generales en el Ministerio de Justicia donde hay directores de política criminal, y el de políticas penitenciarias a nivel del INPE. Todos ellos deben ver que hay un compromiso en los próximos cinco años que debe ser cumplido [en relación a la política penitenciaria]”, aseveró.

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