Juan José Quispe - Ideeleradio
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Escuelas policiales y militares

Ideeleradio.- La Defensoría se enfoca solo en los casos de torturas de personas recluidas y no en las situaciones que ocurren durante una detención o las que se registran en las escuelas militares o policiales, cuestionó Juan José Quispe, integrante del Área Legal del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“El 2015 se dio la ley para implementar el Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura, ampliando las facultades de la Defensoría del Pueblo. Hay una crítica a la ley, a la ampliación de las facultades de la Defensoría, en el sentido de que solo se enfocan en el tema de las personas privadas de su libertad y los actos de tortura cometidos ahí”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

El abogado del IDL indicó que la raíz del problema parte del Poder Ejecutivo, que es quien saca adelante la Ley 30394, Ley que amplía las funciones de la Defensoría del Pueblo y la asigna como el órgano nacional encargado de implementar el Mecanismo Nacional de Prevención Contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Remarcó que hay otros lugares donde se cometen actos de tortura, pues se ha visto en los últimos años casos en las escuelas policiales o del Ejército o de la Marina.

“Básicamente ahora en Perú se está cometiendo [tortura] durante las detenciones, para aquellas personas que se resisten a una detención, porque consideran que es ilegal, arbitrario, o porque consideran que no han cometido ningún delito. La Policía está empleando actos de tortura para detenerlo”, refirió.

Precisó que el Código Penal señala, por ejemplo, que ocurre un acto de tortura cuando un funcionario público, policía o militar, inflige a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psicológicos.

Recordó que durante el conflicto armado interno los agentes del orden cometían actos de tortura con el fin de obtener una confesión o autoinculpación. Apuntó, sin embargo, que actualmente se hace con el objetivo de castigar o intimidar. Remarcó que los actos cometidos pueden darse dentro de un establecimiento penitenciario, una comisaría, al momento de una detención, o una escuela policial y militar.

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