Ministerio Público - Fiscalía de la Nación
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No se está haciendo nada

Ideeleradio.- Pese a que el proceso de nombramiento de 10 jueces y fiscales supremos tuvo vicios e irregularidades desde el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), estos continúan formando parte del sistema de justicia, advirtió Cruz Silva, coordinadora del Área Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Fue al referirse a los nombramientos, entre otros, del juez César Hinostroza Pariachi, Ángel Romero Díaz, Héctor Lama More, y los fiscales Tomás Gálvez, Víctor Raúl Rodríguez Monteza y Luis Arce Córdova.

“La pregunta es: mientras se implementa el referéndum y sale la reforma constitucional y las reformas legales necesarias, los cambios organizacionales de lucha contra la corrupción, transparencia y reorganización de la carrera judicial […] ¿qué pasa con esos casos que ya se han identificado como nulos y qué pasa con aquellos actores del sistema de justicia que tendrían que ser investigados? No se está haciendo nada”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“En la Corte Suprema hay 19 titulares, en el 2015 se nombraron a seis magistrados supremos, tres jueces y tres fiscales, y en el 2017 se nombraron a cuatro jueces supremos más. Son 10 casos [en el PJ] que hay que evaluar, y lamentablemente esa evaluación no se va a dar hasta que se siga —como se está planteando— con el referéndum”, apuntó.

Juramentación por dos meses

Silva del Carpio mencionó que parte del problema o vicio de nulidad es que dichos nombramientos se hicieron luego de la juramentación de Teodulo Santos como consejero en representación del Poder Judicial, la misma que se hizo fuera de la Ley Orgánica del CNM y la Constitución, pues solo juró por dos meses para dicho cargo.

Anotó que hay obstáculos frente a la posibilidad de que sea el Congreso o el CNM, hoy en reestructuración, el que pueda anular dichos nombramientos. Mencionó que queda la posibilidad de que el CNM, por ahora, evidencie puntualmente los casos o los ciudadanos planteen una acción contenciosa administrativa.

“Es importante que el CNM actualmente pueda, más allá de que no se le haya indicado la declaratoria de emergencia, evaluar estos nombramientos, al menos para que los evidencie. Si no puede actuar directamente anulándolos, al menos para que evidencie que sobre ellos hay un problema”, aseveró.

“Tiene que revisarse. ¿Quién toma la posta? Ahora el CNM no tiene facultades directamente encargadas en esta ley de declaratoria de emergencia. Luego, el Congreso está demorando muchísimo, y está apuntando sobre todo a un tema penal, y posteriormente la propia Corte Suprema o la Fiscalía no podría destituir, por así decirlo, a estos magistrados que tienen un nombramiento con vicios de nulidad. Actualmente, lo que queda es una acción contenciosa administrativa que creemos que cualquier persona interesada tendría legitimidad para presentar esa acción”, refirió.

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