Juan José Quispe - Ideeleradio
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En la Corte Suprema

Ideeleradio.- Los acusados del caso Manta y Vilca quieren tumbarse a la Sala Pena Nacional, al interponer una recusación y señalar que el tribunal se ha parcializado con la parte civil, informó Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), tras precisar que el recurso está pendiente de resolverse en la Corte Suprema.

Fue al comentar el juicio del caso Manta y Vilca, en el que la Fiscalía Superior formuló su acusación oral contra 13 militares, 11 señalados como autores directos y dos imputados como autores mediatos, por el presunto delito de violación sexual en agravio de nueve mujeres, hechos ocurridos entre los años 1984 y 1995.

“Los abogados han querido, y los están haciendo, tumbarse al tribunal, bajo el argumento de que no se debe obedecer a disposiciones internacionales. Yo no sé de dónde han sacado ese disparate de que [deben] desvincularse del Sistema Interamericano, eso es totalmente absurdo, y lo otro es que dicen que el tribunal está concediendo todo a la parte civil”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“¿A qué le llaman ellos que la sala ha cometido algo arbitrario? [Dicen] que le han concedido todo, que las personas vayan a declarar con un intérprete, cuando es un derecho de todo ciudadano; han cuestionado que haya la presencia de un psicólogo y dicen que eso no está en el Código; y tercero cuestionan por qué se ha contratado a un intérprete del Poder Judicial, a un intérprete [quechua de Huancavelica] distinto del registro de peritos judiciales, y es un absurdo que digan que la parte civil los ha puesto”, aseveró.

Pericias psicológicas

Quispe Capacyachi explicó que todas las pericias psicológicas tomadas tanto por psicólogos del Instituto de Medicina Legal como por expertos presentados por la parte civil señalan que las víctimas tienen rezagos de una acción violenta contra su libertad sexual. Remarcó que dichos estudios rebaten la estrategia de la defensa legal de los acusados de que la relación fue consentida.

“Es un juicio largo, y la prueba importante en los casos de violación, que son delitos clandestinos porque no hay testigos —en algunos casos sí los hay, pero en la mayoría no— la prueba determinante es la pericia psicológica, y todas las pericias psicológicas tomadas por psicólogos del Instituto de Medicina Legal, por siquiatras del IML, y las pericias de parte que hemos presentado, concluyen que tienen el estrés postrauma, que tienen rezagos de una acción violenta contra su libertad sexual de manera perenne en el cerebro”, aseveró.

Juicio contra 13

Subrayó que, después de cuatro meses de presentadas las pruebas, la Fiscalía Superior ha podido formular su acusación oral y se ha ratificado que se debe llevar a juicio a 13 efectivos del Ejército, 11 autores directos y dos autores mediatos, en agravio de nueve pobladoras de la localidad de Manta y Vilca.

“Se ha clarificado cada acusación y, luego, el presidente del tribunal le preguntó a cada uno de los acusados, si se declara inocente o culpable, porque hay una ley que te permite acogerse a la terminación anticipada, pero ninguno ha admitido. Vamos a juicio”, relató.

Informe CVR

El abogado del IDL recordó, además, que solo dos casos de los 47 presentados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en agosto del 2003 han sido judicializados, y uno de esos es el caso de Manta y Vilca, donde la CVR identificó solo en la localidad de Huancavelica 534 casos de violación sexual durante el conflicto armado interno.

“Recordemos que en este caso, la CVR y ahora la Fiscalía ha determinado que durante 1984 se instaló en Manta y Vilca una base militar, y se violentó sexualmente a un grupo de mujeres quechuahablantes, menores de edad, de hogares disfuncionales. En este caso la Fiscalía identificó a nueve de los 534 casos, porque los otros están con alias con apelativos que todavía no identifica [como presuntos perpetradores]. La Secretaría General del Ejército dijo que todos los archivos de esa época se queman cada 10 años y, por lo tanto, [dicen que] no tienen nada”, declaró.

“En el caso, la Fiscalía que de 1984 a 1995 se perpetraron violaciones sexuales contra nueve pobladoras y han identificado a los autores directos y los autores mediatos que [son los] que no hicieron absolutamente nada, sino que toleraron o consintieron esas violaciones”, precisó.

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