Prohibición no puede ser absoluta

Ideeleradio.-  La posibilidad de restringir el gasto estatal en publicidad no puede llevarnos a una prohibición absoluta, manifestó el magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa-Saldaña, tras sostener que se hizo un análisis de proporcionalidad, al declarar la inconstitucional de la ley que prohíbe anuncios informativos del Estado en medios privados.

“Es justo pensar que el gasto estatal asignado a publicidad no puede hacerse de cualquier manera, pero la posibilidad de restringir este gasto u ordenarlo no puede llevarnos a situaciones de prohibición absoluta, porque si uno miraba la ley era no se puede gastar en medios que no son estatales y las excepciones que se planteaban eran muy pequeñas”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Hemos hecho un análisis de proporcionalidad. Está bien, queremos proteger la asignación correcta al gasto, pero ¿era la vía correcta o hay otras alternativas? Finalmente, uno mirando, si quiero controlar el gasto público para eso está la Contraloría, y si quiero controlarlo establezcamos algunos criterios resucitando la ley del 2018, reglamentándola, aprobando una nueva o como ha planteado el TC estableciendo algunos criterios que se debían tomar en cuenta. Lo que no podemos es decir no se puede”, indicó.

Hemos establecido criterios para regular

El magistrado del Tribunal Constitucional sostuvo que no se puede prohibir ni privar a la ciudadanía del acceso a la información. Precisó que el máximo órgano constitucional lo que ha hecho es establecer un equilibrio.

“Ahí la prioridad es cuál es la pauta. Había una ley en el 2018 que nunca se reglamentó, si es que van a tomar esa ley como está y reglamentarla, si es que la van a actualizar y si es que van hacer como se ha anunciado que hay congresistas que están presentando nuevos proyectos de ley. Lo que sí hay que tomar en serio es la necesidad de regular este tema”, indicó.

“Creo que es importante no perder de vista cuál es el necesario equilibrio de las cosas, el dinero público que lo ponemos todos los ciudadanos no está para derrocharse, pero eso no quiere decir que la labor que hace o debiera hacer el Estado, y que los ciudadanos deben conocer y evaluar en la medida de lo posible no esté al acceso de ellos, porque no se informa a cabalidad”, puntualizó.

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