Eduardo Ballón - Ideeleradio
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Debió actuar el 2018

Ideeleradio.- La supervisión documentaria que realiza una comisión del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en la zona del proyecto Tía María (IslayArequipa) es un intento del Gobierno por ganar tiempo, sostuvo el analista Eduardo Ballón.

“[Hay un tema que] es el incumplimiento de lo que establece la norma que obligaría a que el expediente de la planta desalinizadora sea presentado en el OEFA, y eso no existe. […] Ahí va a haber una pelea [sobre ese tema] y es más o menos claro que el Gobierno está ganando tiempo. La decisión tomada de que la OEFA revise es parte de este intento de ganar tiempo y de mantener la incertidumbre sobre la población del valle”, acotó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“El caso de Tía María es un caso interesante, porque es el caso de un gobierno que reacciona antes de ahogarse cuando dejó que la corriente se lo fuera llevando. Quiero decir con esto que el Gobierno debió haber actuado en Tía María el año 2018, y no esperar el último momento del 2019 para intentar —sin estar convencido— poner en la congeladora indefinidamente un proyecto que es rechazado por la gente”, indicó.

Ballón Echegaray consideró que el Gobierno podría tomar como argumento en torno a la viabilidad del proyecto Tía María, el informe de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) que hace una serie de recomendaciones sobre el estudio de impacto ambiental que presentó la empresa Southern Perú Copper Corporation.

“Atrás de este asunto, el Gobierno sí puede tener algunos argumentos para contener a la Southern que obviamente está buscando presionar. En términos del estudio de impacto ambiental, más allá que este fuera aprobado después de la Ley 30230 y un par de decretos supremos que ablandaron los estudios de impacto ambiental, hay más o menos tres observaciones realizadas por UNOPS que no han sido resueltas y quien diga lo contrario miente descaradamente”, señaló.

“La primera es la reubicación de la reparadora y del depósito de desmonte de La Tapada que está muy próxima a Cocachacra y al valle del Tambo, esta no ha sido modificada. La segunda es el estudio hidrogeológico completo que fue reclamado en esa ocasión y que no existe hoy día, al extremo que no se sabe si hay o no conexión entre los flujos de agua subterránea que vienen de los tajos y el acuífero aluvial, en particular, del río Tambo”, indicó.

Ley General de Minería

En otro momento, el investigador de Desco se refirió a la Comisión Consultiva para el Desarrollo Minero Sostenible, convocada por el Gobierno, que analiza la actual Ley General de Minería.

“El propio Gobierno, al crear una comisión que tiene que hacer una nueva Ley de Minería, y al crear una comisión relativamente plural para lo que es este país, con alguna gente particularmente calificada para el tema, está mandando una señal fuerte que creo que es apoyada incluso por algunos sectores empresariales de la minería —Antamina, por ejemplo —que observa con preocupación como los sectores más trogloditas les afectan el mercado, en un contexto en que miran con alguna preocupación lo que está pasando en países como Chile”, refirió.

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