Carlos Rivera - Ideeleradio
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Deslealtad con los fiscales

Ideeleradio.- A la luz de los acontecimientos hubo un acto de cobardía y de deslealtad del Ejecutivo en contra de Jorge Ramírez, hoy exprocurador ad hoc del caso Lava Jato, respecto a las acciones que desarrollaron los ministros en el caso del Gasoducto Sur Peruano, la intención de Odebrecht de demandar al Perú ante el CIADI, y el despido de este funcionario, opinó Carlos Rivera, coordinador del Área Legal del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“Cuando ya ha habido completa claridad sobre el curso de los acontecimientos, a mí parece que no solo es un acto de cobardía, sino una deslealtad con su propio abogado. Ramírez no es abogado de una parte civil de un aparte civil de un privado, es el abogado del Estado. Además, no solo con [Jorge] Ramírez, sino con los fiscales”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Rivera Paz cuestionó, en ese sentido, que el Poder Ejecutivo no haya adoptado una posición política acertada que es de su competencia, pese a haber visto, desde el primer día que se supo de la demanda de Odebrecht ante el CIADI, que un sector estuvo “masacrando a los fiscales y haciéndolos responsables de algo que en lo que no tienen nada que ver”.

“Ellos [los fiscales] no han firmado ningún contrato con Odebrecht y esta prensa y los políticos que están muy animados en que las investigaciones se detengan los estaban haciendo responsables de un problema que ellos no habían generado y que, al contrario, los fiscales pusieron el pecho ante una circunstancia en la que la solución no estaba en sus despachos. Los que menos tenían que ver en el tema eran los fiscales, pero ellos han resultado lo más afectados durante esa primera semana”, agregó.

“Ahora se conocen ya los hechos y las responsabilidades políticas han aflorado. Tuvo que renunciar el ministro de Energía y Minas, es cierto más en apariencia por el dato de que había sido consultor de Odebrecht y, luego, funcionario público, y después ya la crisis se desenlaza en términos concretos cuando el propio [juan Carlos] Liu dice que la que lo llamó para sostener la reunión con el procurador fue la ministra de Justicia. Una ministra de Justicia en un mutis absoluto, ya la explicación que da absolutamente tardía e inútil”, aseveró.

El abogado del IDL sostuvo que el Ejecutivo debió ser más responsable en sus decisiones en el momento en que se conoció de la pretensión de Odebrecht de demandar al Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).

“Lo mínimo que correspondía es que el Ejecutivo debía ser mucho más diligente, más responsable y actuar de una manera más eficiente en términos políticos, cuando se presenta una circunstancia de esta naturaleza, teniendo la necesidad de tener una evaluación en un futuro inmediato de cuáles podrían ser las consecuencias de un acto tan irresponsable de no haber negociado adecuadamente con la compañía para tener un plazo adicional de prescripción y no estar en este hoyo de crisis política que se ha presentado”, refirió.

Crisis sin oposición

Finalmente, comentó que el Gobierno se generó a sí mismo una crisis sin la participación de la oposición, y estimó que eso ha puesto en salmuera y en tela de juicio su compromiso en la lucha anticorrupción.

“Allí hay una responsabilidad política, están pagando la responsabilidad política, porque me parece que de una manera absolutamente diligente han generado una crisis política que hace tres días no existía. No necesitaron oposición, no necesitaron ni un grupo que quiera vacar al presidente; solos han generado una crisis política”, manifestó.

“Lo peor es que deja en salmuera el compromiso del Ejecutivo en la lucha contra la corrupción. Es decir, me parece que más allá de las diligencias, actos irresponsables o inconductas funcionales, el Ejecutivo en conjunto se ha visto comprometido con un hecho que me parece que pone en tela de juicio ese compromiso que ellos declaran tener, y eso es bastante grave”, señaló.

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