Avelino Guillén - Ideeleradio
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Disuadir e intimidar

Ideeleradio.- Hay dos proyectos de ley presentados por las congresistas de Fuerza PopularMilagros Salazar y Karina Beteta que buscan que Jorge Barata, exjefe de Odebrecht en el Perú, no declare como colaborador eficaz, sostuvo el exmagistrado Avelino Guillén.

“Las dos [proyectos], sobre todo la de la señora Salazar que he revisado, apuntan y tienen la mirada en Odebrecht, pero básicamente centrado en el señor Barata. Es una estrategia para pretender disuadir, intimidar a un aspirante a colaborador eficaz”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Lo que tienen como objetivo [estas iniciativas] son dos: uno, impedir que el señor Barata declare como colaborador eficaz, retroceda en su intención de brindar toda la información; y dos, buscar que nuevos colaboradores no se acojan a la colaboración eficaz”, aseveró.

Guillén Jáuregui cuestionó el proyecto de Milagros Salazar que plantea incorporar una disposición complementaria final para obligar a la otra parte a entregar información adicional de otros casos de corrupción.

“Lo que ellos pretenden es que quien se acoja a la colaboración eficaz brinde información de todos los casos. Hay que tener en cuenta que la colaboración eficaz es un acto voluntario, es una declaración de culpabilidad, un delincuente reconoce determinados hechos delictivos, el artículo 472 del Código Procesal Penal es muy claro, señala que los hechos no reconocidos continuarán su trámite de investigación y concluirán de acuerdo al resultado de las investigaciones”, refirió.

“O sea lo que se admite, lo que se reconoce como hecho delictivo va a la colaboración eficaz y se aporta la información que va ser verificada, contrastada por los fiscales, lo que no se reconoce continua su investigación. Lo que ellas pretenden es que reconozca absolutamente todo, y de esa manera ningún implicado en un hecho delictivo se va a acoger a la colaboración eficaz”, apuntó.

Contra nuevos colaboradores

Cuestionó que los proyectos busquen intimidar a los futuros colaboradores eficaces, regulando aspectos que ya están normados, como la obligación de colaborar con la justicia, el decir la verdad o el aporte de toda la información.

“Algo se está hablando de las consorciadas, lo que se trata es de impedir que surjan nuevos colaboradores, y no entiendo por qué el Congreso se tiene que involucrar en procesos que están en trámite. Además, mucho de lo que se dice en estos proyectos ya está normado en el Código Procesal Penal”, manifestó.

“O sea bajo la mascarada de asegurar el pago de la reparación civil lo que realmente se persigue con estos proyectos es disuadir, intimidar, impedir que surjan nuevos colaboradores eficaces y los que están actualmente en proceso de colaboración eficaz se desistan de este beneficio”, aseveró.

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