Ollanta Humala Tasso, en una de sus últimas actuaciones como Presidente Constitucional de la República, el día miércoles 22 de junio del 2016 promulgó la “Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas Durante el Período de Violencia 1980-2000”. Sin embargo, querámoslo o no, será en el próximo gobierno quien implementará la ley. Un reto a gran escala y de conseguirlo rápidamente será –no cabe duda-, un gran logro. Veamos que nos trae esta ley.

Finalidad de la ley:

Priorizar el enfoque humanitario durante la búsqueda de las personas desaparecidas en el periodo de violencia del conflicto armado interno desarrollado en el país durante los años de 1980 al 2000. Esto, para aliviar el sufrimiento, al incertidumbre y la necesidad de respuestas de los familiares para con las personas desaparecidas

Para ello, se orientará la búsqueda de manera articulada y con medidas concretas para la recuperación, análisis, identificación y restitución de los restos humanos.

El desaparecido y su búsqueda:

Una persona desaparecida, según establece la ley, es toda aquella cuyo paradero es desconocido por sus familiares o sobre la que no se tiene certeza legal de su ubicación, a consecuencia del período de violencia 1980-2000. La búsqueda comprende acciones dispuestas por autoridades competentes relativas a la recolección, verificación y procesamiento de información que lleven al hallazgo de las personas desaparecidas, así como la identificación de cadáveres o restos humanos encontrados en las exhumaciones.

El peruano en general debería razonar y entender que la figura de la desaparición forzada es un tema de todos, porque cuando uno tiene un familiar desaparecido, no lo pueden enterrar, nunca termina el luto, son familias que los buscan por años de años y aún siguen esperando por encontrar sus restos, es un dolor clavado en el corazón y la psiquis del familiar.

Derechos de los desaparecidos y de sus familiares:

Ciertamente esta ley en su artículo 3° establece que “los familiares tienen el derecho a conocer la verdad  sobre las circunstancias de su desaparición, la situación de la persona desaparecida, incluido su paradero, o en caso de fallecimiento, las circunstancias de su muerte y el lugar de inhumación”.

Sin embargo, además de este derecho consideramos que el derecho a la verdad implica también:

  • Tener el derecho a una investigación efectiva y a la verificación de los hechos y la presentación pública de la verdad, así como el derecho a la reparación.
  • Tener un derecho imprescriptible, a saber la verdad acerca de las circunstancias en las que ocurrieron las violaciones a sus derechos fundamentales
  • A que los familiares y comunidades puedan conmemorar el hecho y a hacer duelo por las pérdidas humanas en las formas que sean culturalmente adecuadas y dignas.
  • A que las comunidades y la sociedad entera también tienen el derecho de saber la verdad acerca de las violaciones de los derechos humanos
  • A que no es posible invocar amnistías para prohibir la investigación de crímenes internacionales, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad
  • A que el Estado tenga el deber de preservar la evidencia documental que sirva para la conmemoración y el recuerdo así como de proteger y garantizar el acceso adecuado a los archivos con información sobre este tipo de violaciones.

Estos, son los derechos que el estado debería cautelar. Empero, con la publicación de la ley, consideramos que es un paso importante.

Entidad competente para implementar la ley:

Conforme a esta ley, será el Ministerio de Justicia y derechos Humanos el encargado de aprobar, implementar y hacer el seguimiento al Plan Nacional de Búsqueda de Personas desaparecidas con un enfoque humanitario

El Registro de Personas Desaparecidas y de sitios de entierro:

Para el presente caso, se creará un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y de sitios de entierro que centralizara, sistematizará y depurará la información que le suministren las entidades correspondientes.

Para tal efecto, el registro contendrá los siguientes datos:

  1. Información que permita la individualización de las víctimas de desaparición, así como los hechos indiciarios en los que se produjo la desaparición
  2. Información referida a los familiares de los desaparecidos
  3. Acciones de búsquedas realizadas por distintas entidades públicas o privadas
  4. Una vez ubicado el lugar de entierro, se procederá su registro
  5. Fecha y circunstancia de la entrega de los restos

En este contexto, sería de vital importancia utilizar una Ficha Antemortem (similar a la que  utilizan los antropológos forenses) que no es otra cosa que un conjunto de preguntas específicas sobre la persona desaparecida que permiten establecer a través de la memoria individual, el perfil biológico y social de las víctimas de desaparición forzada. Es un documento testimonial de aquellas personas, familiares o no, que conocieron o vieron por última vez a la persona desaparecida y al mismo tiempo se constituye en una suerte de radiografía de cómo fue en vida la víctima.

Protección adecuada de los sitios de entierro:

Corresponderá al Ministerio de Justicia ejecutar las medidas de protección que aseguren que los sitios de entierro no sean objeto de alteración o destrucción de ninguna clase, para lo cual se respetará la lengua de la localidad

Un punto importante de la ley es que, las medidas de protección de los sitios de entierro, las exhumaciones y las diligencias se realizarán en el marco de un diálogo intercultural, reconociendo y respetando las prácticas culturales de la población originaria local. Esto constituye un gran avance conducente al respeto de las costumbres ancestrales y el idioma de las personas vinculadas con el desparecido.

La investigación forense:

Conforme lo establece la ley, el proceso de investigación forense para la identificación de las personas desaparecidas corresponderá al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Entendiéndose como investigación forense, al proceso técnico y multidisciplinario destinado a ubicar y evaluar los sitios de entierro, registrar el perfil, recuperar los restos humanos y evidencias asociadas y analizarlos científicamente con el propósito de identificar a las personas desparecidas y restituirlas a sus familiares, determinando la causa de la muerte, dando la “posibilidad” de obtener alguna información que pueda tener algún valor probatorio.

El consentimiento previo e informado de las muestras biológicas:

Es importante que la ley haya establecido que las muestras de sangre obtenidas de los familiares de las víctimas desaparecidas solo serán utilizadas para los efectos del proceso de búsqueda, con el consentimiento previo e informado de lo que ello significa, respetando su identidad cultural, en su lengua originaria y utilizando intérpretes de ser necesario.

El acompañamiento Psicosocial:

Corresponderá al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos coordinar con el sector salud a fin de promover y supervisar las intervenciones orientas a la recuperación emocional y social de los familiares, en el marco claro está, de la búsqueda de las personas desaparecidas, respetando su lengua de origen así como sus tradiciones culturales.

Este es uno de los puntos centrales de la ley pues la gran mayoría de padres, madres,  convivientes, hijos/as, de las personas desaparecidas nunca han tenido apoyo del Estado para ayudarles en su estado emocional. La búsqueda infructuosa de sus seres queridos, la negativa de encontrar justicia definitivamente van deteriorando emocionalmente a la persona que busca a un familiar desaparecido.

Apoyo material y logístico:

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en estrecha coordinación con las municipalidades y los gobiernos regionales y con cargo a sus presupuestos institucionales, en el caso de las diligencias de  restitución de los cadáveres  o restos humanos:

  1. i) Solventará el suministro y traslado de los ataúdes así como la construcción de nichos
  2. ii) Solventará los gastos de alimentación y alojamiento de los familiares de las personas desaparecidas que lo requieran,

iii) Asegurará la realización de ceremonias y ritos funerarios de acuerdo a sus costumbres y tradiciones de sus familiares o de su comunidad.

Otro punto a favor de la ley, pues en la gran mayoría de casos las personas que encuentran los cadáveres o restos óseos de sus familiares no tienen como costear los gastos de entierro y menos lo pueden hacer de acuerdo a sus costumbres y tradiciones. Ahora si existirá un real apoyo del Estado.

Protección de la información:

Toda la información que contenga el Registro Nacional de Personas Desparecidas tendrá la protección de datos conforme a la ley de la materia

¿Finalmente, cuáles son los retos y desafíos para implementar la presente ley?

1.- Que el nuevo congreso de la república, apruebe en diciembre del presente año la nueva Ley de Presupuesto para el Sector Público a fin de que el año que viene, cada una de las instituciones involucradas en la presente ley. Esperemos que la bancada fujimorista no ponga trabas para su aprobación. Sin presupuesto la Ley quedará en letra muerta.

2.- Que en plazo más corto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cree un Banco Genético, para almacenar los perfiles genéticos de las personas desaparecidas y de sus familiares

3.- Que el nuevo gobierno, en el mes de septiembre de 2016 apruebe por Resolución Ministerial el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas a fin de que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos diseñe, apruebe, implemente y ejecute en coordinación con las entidades públicas y privadas el precitado Plan de búsqueda.

4.- Que, en el más breve plazo se emita el Reglamento de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el periodo de Violencia 1980-2000. Sin un reglamento en donde se desarrolle adecuadamente cada uno de los puntos de la presente ley, será imposible su entrada en vigencia.

5.- A partir de la promulgación de la presente ley, el Estado peruano deberá consolidar la implementación efectiva y articulada de los instrumentos de políticas públicas existentes con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones internacionales del Estado peruano de encontrar a todos los desaparecidos

6.- El Estado Peruano debe reconocer que la búsqueda, identificación y entrega de los cadáveres y/o restos humanos se debe realizar en condiciones de dignidad de los cuerpos de las personas desaparecidas, como una forma de reparación y homenaje.

7.- El Estado peruano debería agotar todos los medios necesarios para determinar el universo de los casi 16 mil desaparecidos durante el conflicto armado interno, saber exactamente cuántos y quiénes son, sus nombres y sus historias; saber porque y para que los desparecieron y quiénes fueron los responsables de estos crímenes. Al respecto la cifra dada por la Defensoría es alarmante, sólo 1,200 identificados en 14 años. Esta ley debe agilizar la búsqueda e identificación de estas personas.

8.- El Estado debe adoptar todos los mecanismos conducentes a garantizar la no repetición de estos hechos atroces con el objeto de lograr la reconciliación de sus connacionales.

9.- El estado debe comprometerse no solamente a ubicar, identificar y entregar los restos de las personas desparecidas a sus familiares, sino más bien debería garantizar el derecho a la verdad y justicia que tienen los familiares de las víctimas, identificando, procesando y de ser el caso sancionando punitivamente a los autores de estos delitos contra los derechos humanos. Solo así podremos encontrar la paz social.

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