Tribunal Constitucional - Ideeleradio.
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Una buena noticia

Ideeleradio.- La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que desestima la demanda interpuesta por la minera Cerro Verde, que solicitaba la devolución del Aporte por Regulación (APR), nos permite contar con los recursos necesarios para la fiscalización ambiental, resaltó Miriam Alegría Zevallos, gerenta general del OEFA.

Fue al comentar la decisión del TC que declara infundada la demanda de agravio constitucional interpuesta por la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., que cuestionaba al Aporte por Regulación (APR), una contribución creada por el Artículo 10° de la Ley 27332 – Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos.

“Es una buena noticia [la sentencia en el caso Cerro Verde]. Esperemos que sea así [que las otras demandas corran la misma suerte], confiamos en el TC. Vamos a seguir desde nuestro lado trabajando ya un poco más tranquilos porque contamos con los recursos para poder seguir garantizando la fiscalización ambiental a nivel nacional”, apuntó.

Mencionó que tras el pronunciamiento del TC en el caso de la minera Cerro Verde, se ha confirmado que el aporte por regulación fue creado a través de una ley y, por lo tanto, se ha respetado lo que dice la Constitución en el artículo 74.

Alegría Zevallos explicó que el Aporte por Regulación permite solventar las actividades de fiscalización ambiental de las actividades del sector Energía y Minas. Indicó que este tributo solventa el 70% de actividades que realiza el OEFA.

“Inclusive más [del 80 de los fondos de OEFA provienen del aporte por regulación]. Así es [si el TC no nos hubiera dado la razón, nos hubiéramos quedado sin ese 80% de fondos], y todavía si a eso le añadimos a que la mayoría de estas acciones están centradas la mayoría de los conflictos socioambientales”, declaró.

“Actualmente tenemos 34 mesas de diálogo en las que están generadas básicamente por conflictos que provienen de este sector de minería y energía. De hecho, que, con estos recursos, nosotros vamos a garantizar que la intervención del OEFA va a estar siempre ahí para efectos de poder mitigar estos conflictos ambientales y eso es lo que venimos haciendo”, acotó.

Informó que son casi 600 unidades mineras que el OEFA tiene que fiscalizar. Precisó que anualmente se fiscaliza casi a 480, porque tienen que priorizar su marco de intervención.

14 casos en el TC

Finalmente, informó que al TC ya han ingresado aproximadamente 14 casos en los que se cuestiona el Aporte por Regulación. Hizo alusión también al camino que ha seguido, en la vía judicial, los cuestionamientos formulados por las empresas mineras.

“El gremio de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía interpuso una acción popular a efectos de cuestionar el Decreto Supremo 130-2014, que básicamente determinaba la alícuota del aporte por regulación de la OEFA. Este cuestionamiento fue hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema es la que declara la legalidad y constitucionalidad del APR en el 2016”, relató.

“Sin embargo, pese a que había este pronunciamiento ya de manera individual, las mineras , como Cerro Verde y Perubar, interpusieron recursos de amparo en otras jurisdicciones, y como a nivel judicial se declaró que estas empresas no habían acudido a la jurisdicción competente acudieron al TC, a través de un recurso de agravio constitucional, y es así que llegamos al TC”, indicó.

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