Rocío Meza - Ideeleradio
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Favorece a pueblos indígenas

Ideeleradio.- La Segunda Sala Civil de la Corte de Lima ordenó la suspensión de la vigencia del contrato de licencia de exploración y explotación de hidrocarburos en el Lote 116, y dispuso la postergación de las actividades hasta que se realice y culmine un debido procedimiento de consulta previa, informó Rocío Meza, integrante del Área de Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Fue al recordar que el pronunciamiento declara fundada la demanda interpuesta, hace 4 años, por la organización indígena Odecofroc, con el patrocinio del Instituto de Defensa Legal (IDL), Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica CAAAP y CooperAcción.

“Esta sentencia es favorable a la causa de los pueblos indígenas, cuyos territorios se vieron afectados, pues se había otorgado unos contratos de licencia de exploración y explotación, y otra resolución había aprobado el estudio de impacto ambiental (EIA)”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“En esta sentencia de segunda instancia expedida por la Segunda Sala Civil se confirma la sentencia [del juez Juan Ricardo Macedo Cuenca,], se declara fundada la demanda de amparo por vulneración del derecho de participación ciudadana, por haberse omitido realizar el procedimiento de consulta previa, y lo más importante es que el juez suspende las actividades en el Lote 116, que estaban a cargo de Maruel et Prom Perú y Pacific Stratus Energy Sucursal Perú”, anotó.

La letrada resaltó, además, el hecho de que el tribunal haya ordenado al Ministerio de Energía y Minas y Perupetro S.A. “que se realice un nuevo estudio de impacto ambiental (EIA) para explorar dos pozos, el mismo que deberá ser consultado y obtener el consentimiento de los pueblos indígenas afectados, junto con la consulta previa de exploración y explotación de hidrocarburos en el Lote 116”.

“No solo exige que se consulte, sino que los pueblo otorguen su consentimiento. Esta exigencia es importantísima, porque normalmente el tema del consentimiento siempre ha sido controversial. El proceso de consulta es un proceso dinámico, no es un acto específico, pero en este caso serían los pobladores de las zonas afectadas quienes decidirían, y si dicen que no, ahí sí sería vinculante esa decisión”, explicó.

Finalmente, subrayó que esta es la última instancia, y lo que tiene que hacer la parte demanda, las empresas y el Estado, es cumplir con lo dispuestos. “Ya no hay otra opción [para la otra parte]”, remarcó.

“En primera instancia hubo una resolución favorable, y el juez decidió que los actos administrativos eran nulos por no haberse respetado el derecho a la consulta previa, y también pedía y exigía que se consultara a los pueblos para que tuviera valor”, señaló.

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