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Juan José Quispe - Ideeleradio

Ideeleradio.- La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema debe confirmar la sentencia que dictó la Sala Penal de Bagua, que absolvió a los más de 50 indígenas que fueron procesados por la muerte de 12 policías, ocurrida en junio de 2009, en el caso “Curva del diablo”, dijo Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“[¿Qué suerte puede correr este caso?] En realidad, la Corte Suprema debería confirmar la sentencia absolutoria de los 53 indígenas y mestizos. Sin embargo, hay un pedido para que se derive el expediente al fiscal supremo, antes que la sala presidida por César San Martín resuelva el caso [y él está pidiendo la nulidad en el caso de tres procesados]”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

El letrado discrepó, en ese sentido, con el dictamen del fiscal supremo Pedro Chávarry, que plantea que se confirmen cerca de 50 absoluciones, pero pide que se realice un nuevo juicio oral contra tres acusados por el presunto delito de tenencia ilegal de arma de fuego.

Fue una sentencia histórica

El letrado calificó, en ese sentido, como una sentencia histórica el fallo de la Sala Penal de Bagua, del 22 de setiembre del 2016, en relación a los hechos ocurridos en la zona conocida como Curva del Diablo. Remarcó que la resolución desarrolla un aspecto importante, como por ejemplo el lado intercultural.

“Es una primera sentencia donde se establece que las tierras, el territorio, les pertenecen a los miembros de las comunidades indígenas, que se dieron decretos legislativos por los cuales protestaban los miembros de las comunidades indígenas sin haber realizado la consulta previa, conforme lo establece el Convenio 169 de la OIT”, señaló.

“[La sentencia] establece que el peritaje antropológico ha sido de suma importancia, toda vez que se ha podido entender a través de la perito Frederica Barclay que estableció que no se estaba juzgando a una banda de delincuentes, se estaba juzgando a unas personas de características especiales, en cuanto a su territorio, en cuanto a su cosmovisión, y que por tanto, el tribunal tendía que cambiar de chip y entender muchas particularidades de los miembros de las comunidades indígenas”, aseveró.

Finalmente, resaltó que el mérito en conjunto de los abogados de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y el Instituto de Defensa Legal (IDL) radica en que durante el juicio se brindaron todas las herramientas necesarias para que el tribunal decida que estamos “frente a un caso de abierta injusticia”, puntualizó.

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