Carlos Rivera - Ideeleradio
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En el Perú no hay ‘presos políticos’

Ideeleradio.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debe rechazar con prontitud y firmeza el pedido del brazo legal del Movadef, porque en el Perú no hay ‘presos políticos’, subrayó Carlos Rivera, director del Instituto de Defensa Legal (IDL), tras remarcar que es improcedente cualquier tipo de cuestionamiento a la condena contra el terrorista Abimael Guzmán.

Fue al coincidir con el comunicado del Ministerio de Justicia, que rechaza la existencia de “prisioneros políticos” y precisa que lo que existen son terroristas que violaron gravemente los derechos humanos y que fueron condenados por sus crímenes.

“La postura del IDL coincide con la del Ministerio de Justicia. Siempre hemos dicho y declarado públicamente, desde los años ochenta, que las detenciones hechas contra miembros de Sendero Luminoso no son detenciones de carácter político. Por lo tanto, hay que rechazar de manera categórica que ellos se autocalifiquen de ‘presos políticos’. En el Perú no hay ‘presos políticos’ y Guzmán tampoco lo es”, aseveró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Guzmán no tiene nada que reclamar, está acreditada su responsabilidad criminal en el caso de la matanza de Lucanamarca, y no hay ningún tipo de reclamo que pueda tener algún tipo de procedibilidad a nivel del Sistema interamericano. Y creo que lo que corresponde es que el Sistema interamericano rechace en el término más corto y firme la petición que ellos hacen”, puntualizó.

El diario Correo informó que el pedido ante la CIDH fue presentado por la Coordinadora Internacional de Solidaridad y por la Libertad de los Presos Políticos del Mundo, brazo legal del Movadef, que a su vez es un frente de fachada de Sendero Luminoso.

Sentencia sin cuestionamientos

Rivera Paz recordó que el cabecilla terrorista Abimael Guzmán, responsable de la muerte de civiles, policías y militares, fue condenado por una sentencia del Poder Judicial emitida en octubre del año 2006, como consecuencia de un juicio con altos estándares del debido proceso, por el caso de la matanza de 69 campesinos de Lucanamarca (Ayacucho), ocurrida el 3 de abril de 1983.

“El Poder Judicial aplicó estándares bastante elevados, inclusive del propio Sistema Interamericano, en los nuevos juicios que se hizo a las cúpulas, tanto de Sendero como del MRTA, los terminó condenando igualmente a prisión perpetua, y con imputaciones lo suficientemente claras y acreditadas con múltiples evidencias que se discutieron en procesos”, remarcó.

“Ellos fueron derrotados categóricamente en esos procesos judiciales que fueron y esas sentencias condenatorias fueron confirmadas por la Corte Suprema”, subrayó.

 

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