Juan José Quispe - Ideeleradio
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Tortura versus lesiones

Ideeleradio.- El Perú no cuenta con una fiscalía de turno especializada para casos de delitos contra la humanidad, como la tortura, lamentó Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), tras advertir que el tipo penal en este tipo de casos se termina desnaturalizando, al ser abordados por fiscalías comunes que plantean denuncias solo por lesiones seguida de muerte.

Fue al cuestionar que los casos de tortura no sean vistos en un organismo especializado que diferencie estos casos de violación de derechos humanos de uno de lesiones graves, que tiene una pena distinta en el Código Penal.

“El tema principal es que no tenemos una fiscalía de turno especializada para casos de tortura, como grave violación a los derechos humanos. No tenemos eso. Por eso es que todos los casos donde hay muerte, tortura y lesiones de personas van a una fiscalía común, y la fiscalía común sigue este caso y lo pone como lesiones y no como tortura”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“El primer escollo, entonces, es verificar que, efectivamente, son actos de tortura y no lesiones simples, porque fueron cometidos por funcionarios públicos. [Entre una pena por lesiones y tortura] hay una diferencia de por lo menos 17 años. Y lo otro es que si es considerado como tortura, que es un delito contra los derechos humanos, este no prescribe y los perpetradores no tienen beneficios penitenciarios”, manifestó.

El abogado del IDL indicó, en otro momento, que el Poder Judicial está actuando de forma muy legalista en los casos que han sido judicializados o están en ese camino.

“El artículo 321 y 322 establece que [la figura de tortura se da en el momento que el agente o sujeto activo que puede ser un policía o militar] inflige a la persona dolores y sufrimientos graves sean físicos o mentales o la somete a cualquier método para menoscabar su personalidad o disminuir su capacidad física o mental. [Para este] si no hay gravedad, no hay delito de tortura. El problema es el Certificado Médico Legal, si arroja más de 30 días de incapacidad o atención médica, recién podría ser considerado como un delito de tortura”, anotó.

No obstante, resaltó la sentencia dictada en el caso de Gerson Falla, quien falleció el 24 de abril del 2011, tras recibir una golpiza en la comisaría del distrito de San Borja.

“En muchos casos [los fallos] han sido de absolución para los procesados, pero en el caso Gerson Falla, la Corte Suprema ha confirmado la pena aplicando la Convención contra la Tortura. Eso es importante, porque no se ciñe solo al Código Penal, sino también a la Convención que es parte del derecho nacional conforme a nuestra Constitución Política del Estado”, refirió.

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