Stuardo Ralón Orellana (Foto: OEA)
Stuardo Ralón Orellana (Foto: OEA)

 

Un llamado y un recordatorio

Ideeleradio.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace un llamado al Estado peruano a realizar una investigación detallada de las muertes ocurridas tras los amotinamientos ocurridos en los penales de varias regiones del Perú en las que se reclamaba una falta de atención y se advertía de riesgo de casos de coronavirus, informó Edgar Stuardo Ralón Orellana, miembro de la CIDH.

Fue al precisar los alcances del comunicado de dicho organismo supranacional emitido el 8 de mayo pasado en el que la CIDH condena los hechos de violencia ocurridos en diversas cárceles del Estado peruano y en el que considera que estos hechos no deben quedar impunes.

“[¿El pronunciamiento de la CIDH incorpora también un pedido de investigación por las muertes en los penales cuando condena los hechos?] Sí lo incorpora. [La CIDH] hace un llamado y un recordatorio de que estos hechos no deben quedar impunes y tiene la obligación el Estado, a través de sus autoridades, hacer una investigación detallada para poder deducir responsabilidades en caso ocurran”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“¿Por qué es importante realizar estas investigaciones?, porque además de establecer si hay o no un uso desproporcionado de la fuerza y quién puede ser responsable de un hecho contrario a la ley y a las obligaciones en materia de derechos humanos, existe un llamado a que se pueda garantizar la no repetición de estos hechos”, puntualizó.

El comisionado mostró la preocupación de la CIDH por la respuesta que el Gobierno peruano le dio a las recientes protestas en las cárceles, por reclamos de atención médica ante la pandemia del coronavirus.

“En el caso del Perú la CIDH recién ha emitido un comunicado el 8 de mayo, está en el portal también de la comisión, específicamente por su preocupación y condena a hechos de violencia a diferentes cárceles peruanas. Estos hechos de violencia han sido derivados principalmente por una inadecuada atención médica y en el comunicado urgimos a las autoridades del Perú poner todas sus medidas y esfuerzos extraordinarios para que se resguarde la vida, la salud y la integridad”, explicó.

Condena hechos de violencia

El integrante de la CIDH mencionó los hechos de violencia que provocaron que 16 internos pierdan la vida en las cárceles del país.

“Lamentablemente hay que decir que 16 personas han perdido la vida, entre ellas ocho por armas de fuego por agentes del Estado y hay más de un centenar de heridos. Y ante situación la CIDH emite un comunicado donde condena los hechos de violencia y recuerda que el Estado tiene la obligación también de preservar la seguridad y orden en los centros carcelarios, pero haciendo un uso de la fuerza proporcionado y de acuerdo a la necesidad, y no usar de manera desproporcionada e ilegítima las armas de fuego”, acotó.

Como se recuerda, los motines ocurrieron entre marzo y abril en los penales de Río Seco (Piura), Picsi (Lambayeque), El Milagro (La Libertad), Ancón 1 y 2 (Lima), Yanamilla (Ayacucho), Huamancaca (Junín), Castro Castro (Lima) y Chiclayo (Lambayeque).

Las recomendaciones

En otro momento, Ralón Orellana recordó que la CIDH hizo una serie de recomendaciones al Estado peruano para que reduzca el hacinamiento en las cárceles, revisando el caso de quienes estén con prisión preventiva, haciendo un balance, analizando los perfiles, la ficha médica y la situación legal por la que estas personas están en reclusión.

“Entre las recomendaciones que se hace es que haya una reevaluación de los casos que están en prisión preventiva, porque el porcentaje de hacinamiento que hay en las cárceles muchas veces está en un porcentaje significativo de personas que no están condenadas, que aún están en un proceso, y el uso de la prisión preventiva, cuando no se utiliza racionalmente, satura los centros de detención de personas que no deberían estar ahí, que deberían quizás gozar de algún tipo de medida sustitutiva o gozar de algún otro mecanismo”, detalló.

Precisó que una de las recomendaciones señala que podría optarse por revisar, dentro de la institucionalidad democrática y siguiendo el debido proceso, las medidas de prisión preventiva.

“El otro aspecto que recomendamos es que esta pandemia ha evidenciado, desde el punto de vista médico, de que hay personas de mayor riesgo, de que si se contagian podrían morir, digamos las personas mayores de 60 años. En las recomendaciones se abarca que algunas medidas de conmutaciones de pena o de indultos cuando estén a punto de cumplir su condena sean especialmente aplicadas a personas más vulnerables, personas con enfermedades crónicas, mujeres en estado de embarazo o al cuidado de algún menor”, indicó.

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