Amado Enco - Ideeleradio
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Un procedimiento legal

Ideeleradio.- Carece de asidero legal que se diga que la interceptación telefónica que se realizó no fue válida y que se trata de una prueba prohibida, expresó el procurador anticorrupción Amado Enco, al referirse al informe de IDL-Reporteros y que implica a magistrados del Poder Judicial y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura.  

Fue al comentar las declaraciones de César Hinostroza Pariachi, presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, quien aseguró que vulneraron el secreto de sus comunicaciones telefónicas al haberlo grabado durante una conversación y que “no hay ningún ilícito penal ni corrupción” en los audios.

“[¿Qué opinión tiene a esto que se dice que la interceptación es ilegal y que es como los audios del caso Mamani?] En el caso concreto y en el que nos encontramos en este momento, estos argumentos no sirven, y no tiene asidero legal, porque la interceptación telefónica no se ha realizado por un privado, sino realizada dentro de un procedimiento legal específico en la que ha participado un fiscal provincial y autorizada por un juez”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“La ley exige estos requisitos, a efectos de que sea válida la interceptación telefónica”, señaló.

No aplica prueba prohibida

El procurador explicó, en este sentido, que el registro de la información se ha realizado dentro de los cánones constitucionales y que, por lo tanto, no aplica la denominada prueba prohibida.

“Aquí no aplica la denominada prueba prohibida, incluso ha habido otros escenarios en los cuales, aun no dándose dentro de un procedimiento legal, hecha una ponderación de intereses en juego, quizás lindando la afectación de un derecho fundamental, habida cuenta que de por medio hay otros intereses superiores, se ha tenido que privilegiar [esta información]”, anotó.

Hay excepciones

Por otro lado, Enco Tirado mencionó que  el secreto de las comunicaciones no es un derecho absoluto, y la propia ley establece sus excepciones.

“[…] En el contexto de una investigación como es la que viene ocurriendo a cargo de la fiscal Rocío Sánchez, la fiscal si en el transcurso del registro de esta información del teléfono intervenido participa un funcionario público,  que por su rango debería ser investigado por la Fiscalía de la Nación, la fiscal provincial no puede cortar la comunicación y decir esta información no la voy a registrar. Eso es como le dijeras a un policía que su jurisdicción de persecución de un delincuente termina en la frontera de Magdalena y no puede seguir al delincuente”, precisó.

“Los fiscales o los funcionarios tenemos el deber constitucional de registrar cualquier información que tenga connotación legal y correspondiente y trasladarla a los fueros correspondientes.   Se queda con la información de su caso y traslada la información en este caso a la Fiscalía de la Nación, que es lo que debería estar ocurriendo en este momento”, manifestó.

Implicados se cuidaron al hablar

Por otro lado, refirió que los implicados en los audios se cuidaron mucho dentro de sus intervenciones al hablar, porque asumen la posibilidad de que puedan ser registrados o grabados.

“No es un caso [de un chuponeo a la judicatura]. Un dato importante, que en más de uno de los audios que han sido registrados han intentado cuidarse mucho, porque asumen la posibilidad de que ellos están siendo registrados o grabados y solo el que está cometiendo una conducta ilegal o ilícita advierte ese cuidado. Por lo tanto, también  en este caso existe lo que nosotros denominamos una exposición de riesgo, es decir asume esa posibilidad”, mencionó.

“Bajo este escenario es que Montesinos Torres y muchos de los que fueron registrados en  los denominados vladivideos han sido condenados,  porque estas pruebas fueron validadas  y permitieron meter a la cárcel a muchísimos implicados en delitos graves”, puntualizó.

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