Héctor Becerril - Foto: Congreso
Héctor Becerril - Foto: Congreso

Es grave
Ideeleradio.- En la denuncia periodística que vincula al congresista Héctor Becerril con un caso de presunta injerencia en la administración de justicia lo que correspondería es una investigación en la Comisión de Ética y una sanción por 120 días, afirmó Carlos Rivera, director del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Fue al referirse al informe de Panorama que señala que el legislador fujimorista envió tres oficios a la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, al director de la PNP y al ministro del Interior, Carlos Basombrío, para intentar acelerar la resolución de un conflicto judicial desatado por la administración de una azucarera.

“[Por menos, en otros casos, se han sancionado por 120 días, ¿en este caso corresponderá lo mismo?] Sin duda, correspondería hacer idénticamente lo mismo. Hay casos como el de Bruce, o de otros congresistas que de alguna manera han buscado beneficiarse con algún tipo de servicio público por la condición de congresistas [y han sido investigados]”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Acá en realidad pareciera él afirmar que no hay una busca de beneficios personal, pero claro, en realidad no se le está acusando de que el pretenda beneficiarse personalmente, pero sí está interfiriendo con la labor de otro poder del Estado, que, desde un punto de vista legal, es mucho más grave que lo anterior”, indicó.

Hay una clarísima interferencia
Rivera Paz no descartó, además, que pueda darse infracciones que van más allá del aspecto ético. Subrayó que un legislador no puede ejercer el poder y hacer alarde de este frente a una autoridad judicial ni sugerir ni imponer decisiones. Anotó que en este caso hay una clarísima interferencia de carácter político sobre la labor del Poder Judicial.

“Mira, es probable que inclusive eso exista, porque, en realidad, hay un abocamiento indebido a una causa judicial y podría eventualmente considerarse la comisión de un delito contra la administración de justicia, porque efectivamente se está interfiriendo a una labor de carácter constitucional que desarrolla otro poder del Estado”, declaró.

“[¿Podría haber una sanción ética, una acusación constitucional y contenido penal?] En este caso sí, porque en realidad este abocamiento, la interferencia y los términos que además utiliza casi presionando a una autoridad judicial a que dicte una resolución, eso no es parte de las labores, no son parte de las atribuciones ni de las facultades del Congreso”, apuntó.

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