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Debe excluirse esta ley

Ideeleradio.- Esperamos que en cuatro meses el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie en torno a la inconstitucionalidad de la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados (ley Mulder) y la expulse de nuestro ordenamiento jurídico, sostuvo el expresidente de dicho organismo, Víctor García Toma.

“Ahora, más allá de las razones que pudiera haber llevado a Mauricio Mulder a liderar esta ley, que en realidad tiene como trasfondo una decisión vinculada más bien a Fuerza Popular, lo cierto y lo claro es que esta ley es inconstitucional tanto por vicios de forma, como por vicios de fondo”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“No tengo ninguna duda que en algunos meses el TC se pronunciará, incluso el propio presidente del TC se ha autofijado un plazo de cuatro meses. Esa es muy buena noticia. No es costumbre que el TC se autoseñale plazos de esta manera y en unos cuatro meses tengamos una sentencia de inconstitucionalidad y se expulse esta norma del ordenamiento jurídico”, enfatizó.

Como se sabe, el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, informó que demoraría entre tres y cuatro meses resolver las demandas de inconstitucionalidad que vayan a presentarse contra la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados.

Se afectan varios derechos

En otro momento, el extitular del TC indicó que esta norma afecta el derecho de la población de estar informada sobre temas relevantes relacionados con el accionar del Estado. Señaló que dicha iniciativa va en contra de los principios de razonabilidad y proporcionalidad que ha establecido en su jurisprudencia el TC.

“Esta norma violenta el derecho que tienen los ciudadanos de acceder a la información, situación que se ve recortada obligándolos a acudir a las redes sociales para informarte de asuntos de interés público. Se afecta el principio de la separación de poderes al impedirle al resto de los organismos del Estado el establecer los planes y las políticas de que mejor manera difundir aquello que la ciudadanía tiene el derecho a conocer y ellos tienen la obligación de efectuar”, argumentó.

“Adicionalmente a eso, se establece también una infracción entre los medios privados y los medios públicos. Y se afecta también a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, ¿por qué? El argumento es que hay una gasto excesivo y poco claro de la publicidad estatal”, subrayó.

Finalmente, el exmagistrado cuestionó que la intención del Parlamento haya sido desde el inicio aprobar esta norma contra viento y marea.

“Está claro que, desde el comienzo, este proyecto tenía que ser aprobado sí o sí, sin una discusión amplia, sin la posibilidad de que la sociedad civil pueda también dar su juicio, su parecer, su opinión, desdeñando opiniones importantes como la del defensor del Pueblo, la de los distintos organismos internacionales y del propio Ejecutivo”, aseveró.

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