David Lovatón - Ideeleradio
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“Una celeridad que llama a sospecha”

Ideeleradio.- Hay una celeridad que llama a sospecha y creo que estamos ante otro caso de ‘justicia delivery’, dijo el jurista David Lovatón, al cuestionar que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, haya presentado una acción de amparo ante la Corte Superior de Justicia de La Libertad, y no el Poder Judicial en Lima, en contra los miembros de la Comisión de Ética.

“En el contexto, hay una celeridad que llama a sospecha. Eso no podemos de dejar de evitar [comentarlo]. El 2010, el exministro Víctor García Toma estampó una frase respecto a este tipo de justicia, [y la calificó] de ‘justicia delivery’, y estamos creo en un caso claramente de una ‘justicia delivery’, a gusto del cliente, lamentablemente”, aseveró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Yo lo que me temo es que los plazos previstos en el Código Procesal Constitucional aquí se van a aplicar de acuerdo a los intereses de cada parte, porque por más que haya habido alguna mejora de la Corte Superior de La Libertad no creo que este tema que entiendo que se presentó el 28 y le han admitido la demanda tres días después, la verdad ya quisiéramos los ciudadanos que así sea”, acotó.

Cabe recordar que la acción de garantía busca dejar sin efecto el informe de la Comisión de Ética que recomienda suspender a Salaverry Villa por 120 días por presuntamente consignar datos falsos en los informes que realizó por la semana de representación.

Control constitucional

No obstante, Lovatón Palacios recordó que no hay en el Estado ni en la sociedad peruana, zonas exentas de control constitucional, y que lo propio puede ocurrir con las decisiones de la Comisión de Ética Parlamentaria.

“La actuación de la Comisión de Ética no está exenta de control constitucional, eventualmente, vía un proceso constitucional, más allá que este proceso tenga este ambiente de ser un proceso a pedido. Por ese lado hay que verificar si hubo graves afectaciones al debido proceso, desproporción o discriminación”, aseveró.

Caso en el TC

Finalmente, argumentó que lo constitucional y políticamente correcto es que ese tipo de conflictos lo vea el Tribunal Constitucional. Remarcó que debería haber una reforma del Código Procesal Constitucional para que se vean en Lima los casos en que el Parlamento o el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) son los demandados.

“Mi único punto ahí es que eso no puede quedar en las manos de la Corte Superior de La Libertad, donde me imagino que el señor Salaverry, como político, debe tener más de una gran influencia. Creo que, en ese tipo de casos, que afecta el funcionamiento de un poder del Estado, como es el Parlamento, debería finalmente ser decidido por el Tribunal Constitucional”, aseveró.

“Este caso Salaverry debería llamar a un debate para que haya una reforma del Código Procesal Constitucional en la que, cuando el demandado sea el Congreso de la República o el Jurado de Elecciones, la demanda sea vista en Lima, como corresponde, ya que hay más garantía con respecto a la imparcialidad de los jueces”, aseveró.

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